Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha destacado que la ley vigente data de 1984 y resulta imprescindible adaptarla a las transformaciones provocadas por el entorno digital. Según el ministro, esta nueva norma busca mejorar el debate público y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a rectificar información falsa, inexacta o considerada como un bulo.
“Queremos promover una mayor calidad en el debate público y garantizar que cualquier ciudadano pueda rectificar informaciones falsas o inexactas de manera ágil y efectiva”, afirmó Bolaños.
Principales novedades de la futura ley
El anteproyecto introduce cambios significativos para garantizar una regulación moderna y eficaz, adaptada a los medios digitales y las redes sociales:
1. Adaptación al entorno digital
La norma reconoce el papel de las plataformas digitales y de los usuarios relevantes de redes sociales, como influencers con más de 100.000 seguidores en una única red social o 200.000 en varias plataformas. Según Bolaños, estas figuras tienen un impacto informativo superior al de algunos medios tradicionales, y podrán ser objeto de solicitudes de rectificación cuando difundan contenidos falsos o inexactos.
2. Agilización del derecho a la rectificación
Se han diseñado procedimientos más rápidos y accesibles para los ciudadanos:
• Mecanismos accesibles: Los medios y plataformas deberán implementar herramientas que permitan a los usuarios solicitar una rectificación de manera sencilla.
• Plazos más amplios: El plazo para presentar solicitudes se extenderá de 7 a 10 días.
• Relevancia de la rectificación: Las rectificaciones deberán publicarse de manera íntegra, con un formato y relevancia equivalentes a la información original. En plataformas digitales, se enlazará directamente la rectificación con la publicación inicial.
3. Simplificación de los trámites judiciales
En caso de que el medio o plataforma no acepte la solicitud de rectificación, el procedimiento judicial será más ágil, eliminando la necesidad de contestación escrita de la demanda. Esto reducirá los tiempos de resolución y permitirá emitir sentencias más rápidas.
4. Ampliación de derechos
La ley actual limita la solicitud de rectificación a los herederos de personas fallecidas. El anteproyecto amplía este derecho a familiares cercanos, garantizando que puedan rectificar informaciones falsas sobre sus seres queridos.
Además, elimina la obligatoriedad de dirigir la solicitud al director del medio, un requisito que resulta obsoleto en el contexto de seudomedios y plataformas digitales donde no siempre es claro quién tiene la responsabilidad editorial.
Impacto en los medios y redes sociales
La nueva normativa también fomenta las buenas prácticas en los medios de comunicación y plataformas digitales. Según Bolaños, los medios que adopten estos estándares de calidad se convertirán en referentes, mientras que aquellos que difundan bulos o informaciones falsas enfrentarán mayores consecuencias legales.
“Hay profesionales del bulo que diariamente enturbian el debate público. Esta ley es un paso crucial para frenar esas prácticas y proteger la democracia”, señaló el ministro.
El anteproyecto subraya que el derecho a la rectificación no sólo protege a los ciudadanos, sino que también eleva la confianza en los medios, consolidando un entorno informativo más riguroso y transparente.
Impacto en los medios y redes sociales
La futura Ley Orgánica del Derecho de Rectificación refleja el compromiso del Gobierno con la calidad democrática y el derecho a la información veraz. Al modernizar una normativa que llevaba casi cuatro décadas sin cambios, se busca dar respuesta a los desafíos del entorno digital, ofreciendo herramientas efectivas para combatir la desinformación y proteger la reputación de los ciudadanos.
Con esta iniciativa, España se sitúa a la vanguardia de la regulación informativa en un contexto global cada vez más marcado por la proliferación de noticias falsas y la influencia de las plataformas digitales en la opinión pública.
