El actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, ha sido denunciado ante la Defensoría del Pueblo de España por presuntos delitos de discriminación, abuso de autoridad y desvío de poder. La acusación proviene de un ciudadano venezolano con ascendencia española, quien alega haber sido víctima de xenofobia y denegación arbitraria de su residencia por parte de la administración de extranjería en Valencia.
Un caso de irregularidad forzada por la administración española
El afectado, quien ha residido en España por más de cinco años, sostiene que su situación irregular no ha sido por falta de documentación propia, sino debido a trabas impuestas por la administración española. Con ocho solicitudes de residencia denegadas y cuatro expedientes de expulsión indebida, sus abogados han apelado reiteradamente sin éxito.
Mientras España otorga asilo y permisos de residencia a inmigrantes de diversas nacionalidades, en el caso de este venezolano con lazos familiares directos en el país se le ha negado el reconocimiento de su derecho a residir legalmente. Sus bisabuelos, abuelos, padres y hermanos son españoles y residen en España, pero él ha sido excluido bajo argumentos administrativos.
Según la normativa española, un extranjero con arraigo social y familiar puede obtener la residencia. Sin embargo, a este joven se le ha rechazado el reconocimiento de seis años de empadronamiento ininterrumpidos, una medida que, según sus abogados, constituye una vulneración de sus derechos.
Decisiones administrativas cuestionadas
El subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, y su predecesora, Pilar Bernabé, son señalados de haber denegado la residencia al joven venezolano ignorando su historial de arraigo. El caso ha sido llevado ante la justicia con el objetivo de declarar nula su expulsión y abrir una investigación por presuntas irregularidades administrativas.
Además, una de las denegaciones de residencia se basó en la situación cuando el joven enfermo en España tras una hospitalización en la UCI, lo que podría violar principios fundamentales del derecho a la vida y la protección de la salud.
¿Un conflicto diplomático entre España y Venezuela?
Este caso podría generar tensiones diplomáticas entre España y Venezuela, ya que involucra la posible comisión de delitos por parte de funcionarios del Estado español, tales como:
- Prevaricación administrativa (Artículo 404 del Código Penal): Se castiga con inhabilitación de 9 a 15 años para empleo público si se prueba que la denegación de residencia fue arbitraria e ilegal.
- Discriminación en el ámbito público (Artículo 511 del Código Penal): Multa de 6 a 12 meses e inhabilitación de 1 a 3 años si la decisión tuvo motivaciones xenófobas.
- Denegación de prestación pública por discriminación (Artículo 512 del Código Penal): Aplica cuando un funcionario impide a una persona acceder a un derecho por razones discriminatorias.
- Abuso de autoridad o desviación de poder (Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público): Podría llevar a sanciones disciplinarias, inhabilitación o la anulación de la resolución.
Política migratoria y trato a los venezolanos en España
En los últimos años, España ha otorgado protección internacional a miles de venezolanos bajo el estatus de refugiados o solicitantes de asilo, pero muchas veces condicionando su residencia a la aceptación de un supuesto “exilio político”.
La denuncia sugiere que España busca reforzar la narrativa de que los venezolanos huyen de su país por persecución política, en lugar de reconocer otros motivos legítimos para obtener la residencia. Esto limita las opciones legales para quienes no desean acogerse a la ayuda humanitaria ni declarar persecución política.
El joven afectado ha indicado que su caso no es aislado y que muchos venezolanos con vínculos familiares en España enfrentan obstáculos similares.
Hostigamiento policial y persecución
El denunciante también ha reportado hostilidades por parte de la Policía Nacional en Valencia. Según su testimonio, dos agentes lo amenazaron por defender a Venezuela y expresar opiniones contrarias. Además, lo habrían citado a una comisaría con la advertencia de que, si no se presentaba, sería vigilado y arrestado para su deportación.
Al intentar denunciar estos hechos ante la Fiscalía General de Valencia, el caso fue archivado bajo el argumento de que no existían pruebas suficientes. No obstante, su abogado logró detener la persecución legal que enfrentaba el joven.
Posible demanda contra el Estado español
Ante la gravedad de los hechos, el afectado ha anunciado que demandará a España ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela por daños y perjuicios, por la cifra de 100 millones de euros, exigiendo una indemnización por la vulneración de sus derechos y su integridad. En caso de que España se niegue a reconocer la sentencia, el joven solicitará el embargo de bienes estatales españoles en Venezuela como compensación.
Este caso ha abierto un debate sobre la política migratoria española y su tratamiento a los ciudadanos venezolanos con lazos familiares en el país. La denuncia ante la Defensoría del Pueblo podría ser el primer paso para una revisión de las prácticas administrativas que han impedido el acceso a la residencia de miles de personas en circunstancias similares.
¿Existe una orden del Gobierno o la Casa Real en contra de este venezolano?
Hasta el momento, investigaciones realizadas desde Venezuela con expertos en política y aliados estratégicos han señalado que la negativa a reconocer el derecho de origen español del joven venezolano podría responder a una directriz gubernamental. Se sostiene que esta acción restringe su derecho a residir en España con su familia, a pesar de sus lazos directos con ciudadanos españoles.
Si bien algunos indicios apuntan a que la denegación de residencia podría ser una decisión administrativa basada en criterios de extranjería, otras fuentes sostienen que podría existir un componente de discriminación o xenofobia dentro de la administración pública, específicamente en la Subdelegación del Gobierno de Valencia. Los funcionarios José Rodríguez Jurado y Pilar Bernabé son señalados por analizar y denegar reiteradamente las solicitudes del joven, ignorando los argumentos legales presentados en su defensa.
Además, en investigaciones de alto nivel se ha concluido que podría existir un conflicto de intereses políticos en torno a los venezolanos en España. Desde ciertos sectores gubernamentales, se busca reafirmar la idea de que los venezolanos huyen de su país debido a la situación política de Venezuela, favoreciendo así la narrativa de que España les brinda asilo por razones humanitarias. Esta política limitaría las opciones legales de los venezolanos, forzándolos a solicitar refugio internacional en lugar de optar por una residencia administrativa basada en arraigo familiar o social.
La respuesta de la administración de extranjería de Valencia ante las solicitudes de residencia del joven refuerza esta hipótesis. Según los documentos presentados, se le ha indicado que «a los venezolanos se les está dando refugio humanitario en la calle Zapadores de Valencia», negándole el derecho a solicitar una residencia legal según las leyes de extranjería y los decretos reales publicados en el BOE. Este tipo de respuesta administrativa plantea dudas sobre la imparcialidad y el cumplimiento del marco legal vigente en materia de extranjería.
En conclusión, si bien no hay una confirmación oficial de que exista una orden del Gobierno o la Casa Real en contra de este joven venezolano, los patrones de actuación de la administración sugieren que su caso forma parte de una política más amplia sobre el tratamiento de los venezolanos en España, donde el acceso a una residencia legal distinta del refugio humanitario se encuentra restringido por razones políticas y diplomáticas.
