Abarcando desde supuestas violaciones de valores hasta problemas medioambientales y de seguridad. Estas indagaciones han suscitado debates sobre la posible interferencia política en los casos relacionados con el multimillonario y su conglomerado de empresas tecnológicas.
El conflicto con la SEC y el gobierno estadounidense
El pasado mes, en los últimos días de la administración Biden, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) impuso a Musk un plazo de pocos días para llegar a un acuerdo o enfrentar cargos civiles relacionados con presuntas violaciones de valores durante su adquisición de Twitter (ahora X) en 2022 por 44 mil millones de dólares.
Musk hizo pública la situación a través de un mensaje en su red social, acompañado de una carta legal que calificaba de “inadecuadamente motivada” la medida y exigía transparencia sobre quién había dado las órdenes, insinuando una posible intervención de la Casa Blanca. Ni la SEC ni el gobierno respondieron a las acusaciones.
Este no es el único enfrentamiento entre Musk y las agencias gubernamentales. El empresario ha criticado durante años la supervisión regulatoria, alegando que se trata de un intento de frenar las innovaciones de sus empresas.
Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia, Musk podría enfrentarse a un entorno político más favorable. Trump ya ha designado un nuevo presidente de la SEC para reemplazar a Gary Gensler, lo que podría alterar el curso de las investigaciones.
Las investigaciones en curso
Musk y sus empresas enfrentan varias investigaciones, incluyendo:
• Tesla: Problemas de seguridad relacionados con los sistemas de Autopilot y Full Self-Driving (FSD).
• Neuralink: Posibles violaciones de bienestar animal en experimentos con implantes cerebrales.
• SpaceX: Alegaciones de contaminación, discriminación laboral y violaciones de licencias.
Musk, Tesla, SpaceX y Neuralink no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre estos casos.
SpaceX y el escaso escrutinio regulatorio
A pesar de los desafíos, SpaceX opera bajo una supervisión gubernamental limitada debido a los contratos clave que sostiene con agencias como la NASA. Sin embargo, la compañía ha enfrentado sanciones, como una multa de $148,378 impuesta por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por supuestos vertidos contaminantes, que Musk desestimó calificándolos como “agua potable”.
En septiembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) propuso multar a SpaceX con $633,000 por incumplir requisitos de licencias en dos lanzamientos. Musk respondió exigiendo la renuncia del jefe de la FAA, Mike Whitaker, quien anunció posteriormente su dimisión.
Controversias internacionales y contactos con Rusia
Una de las acusaciones más delicadas contra Musk involucra sus supuestos contactos con el presidente ruso Vladimir Putin. Aunque no se han presentado investigaciones formales, la posibilidad de un escrutinio disminuye bajo el nuevo liderazgo de Trump, quien ha designado a Jared Isaacman, un multimillonario del sector tecnológico y colaborador cercano de SpaceX, para dirigir la NASA.
Musk ha negado cualquier intención política detrás de sus interacciones internacionales y, en respuesta a acusaciones en redes sociales, se limitó a publicar emojis de risa.
Conclusión
Elon Musk continúa desafiando tanto a los reguladores como a las controversias políticas. Mientras sus empresas avanzan en proyectos ambiciosos, las investigaciones en curso y las tensiones políticas seguirán marcando el futuro del empresario. Con el cambio de administración en Estados Unidos, el panorama legal y regulatorio podría cambiar significativamente, alterando el balance entre la innovación y la rendición de cuentas en las empresas de Musk.
